Cierre de Megaupload

El cierre de Megaupload ha recorrido como un escalofrío los confines de la Red. Este servicio y otros similares siempre han estado en la mirilla de la industria de contenidos, que sostienen que fomentan los intercambios no autorizados de películas, series, música y videojuegos. Pero estos servicios también se utilizan para intercambiar archivos de forma legítima.

Los responsables del popular servicio de almacenamiento e intercambio de archivos 'online' están acusados en EEUU de cinco delitos contra los derechos de autor y por blanqueo de dinero, y las autoridades estadounidenses aseguran que son "responsables" de "piratería masiva en todo el mundo".

Poco después de que saltase la noticia, David Montalvo, usuario del servicio 'premium', se indignaba en su cuenta de Twitter: "Internet hoy da un giro, puedes perder tus archivos LEGALES en la nube si el FBI lo decide. Te lo dice un usuario premium de #megaupload.

David se explica más tarde: "Compartimos cuenta 'premium' mi novia y yo, renovada por 60 euros (una cuota anual) hace cuatro días". "Obviamente su uso principal era para descargas (de todo tipo)", añade, pero afirma que su novia, que trabaja reeditando cómics antiguos, usa también la cuenta para enviar documentos escaneados que de otro modo no podría mandar. Afortunadamente, esos documentos ya estaban descargados y a salvo.

No obstante, se queja de que se trata de una documentación suya "que no puede ser bloqueada arbitrariamente de esta forma". "Habrá gente con casos más graves aparte del dinero que cuesta", reconoce, y recuerda que la cuenta "para toda la vida" en Megaupoad cuesta 200 euros.

El abogado Carlos Sánchez Almeida, autor del blog Jaque perpetuo, aconseja a las personas que tuvieran cuentas con archivos y documentación privada que adopten dos medidas "con carácter de urgencia", ante la escasez de información.

La primera, "recopilar el máximo de información del que dispongan en su ordenador y sistemas de almacenamiento doméstico, acerca de la información intervenida, muy especialmente aquella que afecte a la intimidad personal y familiar". En segundo lugar, "localizar y guardar la información bancaria que acredite el pago de los servicios de Megaupload.

"La documentación reunida", afirma Almeida, "puede ser necesaria para la presentación de una denuncia o cualquier tipo de reclamación, ante las autoridades o ante las entidades financieras, a las que en su caso se podrá exigir el retroceso de los cargos efectuados.

Noticia original elmundo.es

El Departamento de Estado de EEUU, junto al FBI y otras autoridades internacionales, ha liderado una operación contra la popular página web de intercambio de archivos Megaupload, que ha sido clausurada, y contra varios de sus responsables, que han resultado detenidos y acusados en el estado de Virginia (EEUU) de conspiración para cometer un crimen y violación de la propiedad intelectual.

La operación se ha dirigido contra dos compañías, Megaupload Limited y Vestor Limited, y en estos momentos las páginas web Megaupload -intercambio de archivos- y Megavideo -visualización de vídeos en Internet-, ambas propiedad de las mismas compañías, se encuentran inaccesibles, como también lo están Megapix, Megalive y Megabox.

El Departamento de Justicia acusa a siete de los responsables de estas compañías de crimen organizado y asegura que son "responsables" de "piratería masiva en todo el mundo de diferentes tipos de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual". Además, en la nota hecha pública se asegura que estas páginas han generado más de 175 millones de dólares en actividades delictivas y que han causado "más de 500 millones de dólares en daños a los propietarios de las obras protegidas".

Hasta 50 años de prisión

La denuncia contra los acusados se cursó el 5 de enero en EEUU, y los cargos concretos son participar en una conspiración de crimen organizado, cometer infracciones de derechos de autor de forma masiva, blanqueo de dinero y dos cargos criminales de violación de la propiedad intelectual. Así, cada uno de los siete acusados se enfrentan a penas de hasta 50 años de prisión entre todos los cargos.

Así, la demanda de la administración estadounidense identifica al fundador de las compañías, el alemán Kim 'Dotcom', alias de Kim Schmitz como Kim 'Tim Jim Vestor', de 37 años y residente en Hong Kong y Nueva Zelanda, de liderar esta red criminal. Dotcom sería el director y único accionista de Vestor Limited, que sería la compañía utilizada para encubrir sus actividades en todas las páginas web afiliadas a la red 'Mega'.

El FBI ha incautado 50 millones de dólares en bienes y 18 dominios de Internet

'Dotcom' es un 'hacker' millonario alemán de 38 años residente desde 2010 en Nueva Zelanda aficionado a los coches deportivos y las mujeres, según un perfil publicado en la prensa neozelandesa. Considerado uno de las 10 personas más ricas del país, está casado y tiene tres hijos.

Además del fundador, han sido acusados el director de márketing Finn Batato, de 38 años y ciudadano de Alemania; Julius Bencko, diseñador, de 35 años y ciudadano de Eslovaquia; Sven Echternach, director de desarrollo de negocio, 39 años y ciudadano de Alemania; Mathias Ortmann, director técnico, cofundador y director, 40 años y ciudadano de Alemania; Andrus Nomm, programador, de 32 años y ciudadano de Estonia; y Bram van der Zolk, programador, de 29 años y ciudadano holandés.

De los acusados, Dotcom, Batato, Ortmann y Van der Kolk fueron detenidos de forma provisional en Auckland, Nueva Zelanda, a petición de EEUU, y han sido enviados a prisión de forma preventiva. Bencko, Echternach y Nomm, por ahora, permanecen en libertad.

Además, se han ejecutado más de 20 intervenciones de bienes en nueve países, con las que se han incautado alrededor de 50 millones de dólares. También se han intervenido servidores de la compañía en Virginia, Washington, Holanda y Canadá. Asimismo, se han retenido 18 dominios de Internet asociados con las compañías intervenidas.

Beneficios 'ilegales': 175 millones de dólares

En su nota, el Departamento de Justicia explica que durante cinco años estas compañías, a las que acusan de ser toda una red de "conspiración", han gestionado páginas web que "reproducen y distribuyen copias no autorizadas protegidas por propiedad intelectual en una escala masiva". Así, estima que Megaupload sumaba 150 millones de usuarios registrados, 50 millones de usuarios diarios y alrededor del 4% del tráfico de Internet. Con estos datos, se asegura, sin otra valoración, que el daño causado a las compañías propietarias de los derechos de propiedad intelectual es de 500 millones de dólares.

La demanda destaca que Megaupload 'ocultaba' el contenido protegido para no tener que eliminarlo

Asimismo, se establecen los beneficios "ilegales" logradas por los acusados en dichos años en 175 millones de dólares a través de publicidad y venta de cuentas 'premium'. Además, según la demanda, se les acusa de blanquear dinero "pagando a usuarios" a través de un sistema de incentivos a quienes publicasen archivos con más descargas y con pagos a otras compañías para alojar contenido que infringía la propiedad intelectual.

También se detalla el modo de funcionamiento de Megaupload, es decir, la posibilidad de 'subir' y descargar archivos y se asegura que el modelo de negocio de la compañía estaba "expresamente diseñado para promover la publicación de las obras protegidas más populares para que fuesen descargadas por millones de usuarios".

Así, se alega que el sitio estaba construido para desalentar a los usuarios de su uso para fines personales debido a que se eliminaban los archivos "que no eran descargados de forma regular". De la misma manera, se destaca que otro indicio del comportamiento delictivo es que se incentivaba a aquellos usuarios capaces de generar más descargas y tráfico en el sitio, y que se les pagaba en función de sus resultados aun cuando los propietarios eran conscientes de que para conseguirlo publicaban obras protegidas y las promocionaban en otras páginas web.

No es lo único que se utiliza para acusar a los propietarios de Megaupload de conspiración. Se destaca que la página no contaba con un buscador ni con otras formas de localizar contenido para que no fuesen fácilmente accesibles los archivos protegidos. Además, se alega que no se cerraban cuentas de usuarios infractores, como era obligación de la página, y que en muchos casos se retrasaba la retirada de contenidos protegidos y se tergiversaban los términos en que estaban protegidos por derechos de autor.

Un día después de las protestas contra la SOPA

Una operación que se produce un día después de que una serie de páginas web protestaran por la iniciativa SOPA, que busca promulgar una ley que, en EEUU, permita bloquear páginas web extranjeras que perjudiquen obras protegidas por derechos de autor.